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25 de Junio 2007

Como en las Películas

      Quizás lo recordéis.

      Hace algo más de un año en Sevilla Ricardo Suárez le descerrajó siete tiros a quemarropa a Gaspar García porque creía que aquel había matado a su hija atropellándola. En realidad, la niña estaba perfectamentante, pero eso no le sirvió de nada a Gaspar que acabó acribillado dentro de su coche. Ricardo al ver a su hija tendida en el suelo sacó la pistola que portaba, se dirigió a la ventanilla del acompañante dely disparó cinco veces. Su mujer entonces abrió la puerta mientras él recargaba la pistola para facilitarle los disparos, y volvió a vaciar el cargador sobre el cuerpo ya inerte de Gaspar.

      Mientras escribía el párrafo anterior meditaba sobre la necesidad o no de remarcar que Ricardo es gitano. Por un lado, creo que este caso no puede entenderse sin matizar las connotaciones socio culturales del asesino, de etnia gitana; porque creo que los ¿valores? de defensa de la familia y del clan por encima de las leyes y de las convenciones sociales y por otro el modo de vida seminómada y parcialmente delincuencial siguen marcando las pautas de comportamiento de los gitanos en España.

      La semana pasada, en la Audiencia de Sevilla se juzgaba a Ricardo, y a su mujer, María Luisa Cortés como presuntos autores del asesinato. La estrategia de la defensa, se basó en un alegar un trastorno mental transitorio del art. 20.1º del CP, combinada con otra eximente del art. 20.2º (intoxicación plena) suficiente para eximirle de la responsabilidad criminal. Encontrándose borracho y drogado, al ver que habían atropellado y supuestamente matado a su hija, Ricardo entró en un frenesí durante el cual mató a Gaspar, pero no se le puede hacer responsable criminalmente por ello (con dos cojones). También se negaba la implicación de María Luisa diciendo que se desmayó al ver a la niña tendida en el suelo y que no participó en los hechos, contradiciendo las primeras declaraciones de ambos, en las que dijeron que la mujer había abierto la puerta del coche de Gaspar mientras le gritaba a su marido que le matase.

      Finalmente, el jurado popular que les juzgaba -esto daría para toda una nueva serie de posts- ha decidido que eran respectivamente autores de un delito de asesinato y cooperadora necesaria del mismo condenándoles a 20 y a 15 años de prisión.

      El caso ya presentaba bastante interés en sí mismo por sus connotaciones socioculturales, y por el uso del Trastorno Mental Transitorio en la defensa como para hablar de ello aquí ¿Qué padre no se volvería loco si creyese que acaban de matar a su hija y acribillaría a su asesino si tuviese una pistola en las manos?, pero la noticia ha saltado de nuevo a los medios de comunicación, más allá de la tremenda trascendencia que ya podía tener, porque durante el juicio oral, en el interrogatorio al acusado, a las preguntas del Fiscal, Ricardo manifestó su voluntad de "Agarrarse a la quinta enmienda" (sic)

      Bueno, y podría ser así si estuviera en los EEUUA, donde la "carta de derechos" (Bill of Rights) de 1789 recoge en su Quinta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos el derecho de los justiciables a no ser obligados a declarar contra sí mismos en ningún juicio criminal, junto con otras muchas garantías procesales.

      La Carta de Derechos es un estatuto jurídico creado para limitar el poder del estado sobre los ciudadanos, garantizando los derechos de éstos frente a aquel y tiene clarisimas reminiscencias de la Carta Magna Bitanica de 1218 y de la propia Carta de Derechos británica de 1689

      "Nadie estará obligado a responder de un delito castigado con la pena capital o con otra infamante si un gran jurado no lo denuncia o acusa, a excepción de los casos que se presenten en las fuerzas de mar o tierra o en la milicia nacional cuando se encuentre en servicio efectivo en tiempo de guerra o peligro público; tampoco se pondrá a persona alguna dos veces en peligro de perder la vida o algún miembro con motivo del mismo delito; ni se le compeleerá a declarar contra sí misma en ningún juicio criminal; ni se le privará de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni se ocupará la propiedad privada para uso público sin una justa indemnización".

      Este principio, está recogido por nuestra Constitución de 1978 en sus Artículos 17.3 y 24.2.

      17.3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales, en los términos que la ley establezca.

      24.2. [...] todos [los ciudadanos] tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia al letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

      Muestro Ordenamiento Jurídico recoge el mismo Derecho a no declarar contra uno mismo que recoge la Quinta Enmienda americana, pero me imagino la cara del abogado de Ricardo cuando su defendido pretendió invocar una pieza del cuerpo constitucional norteamericano para no tener que declarar en el juicio. Además que antes de cada declaración de un acusado, el juez le hace esa misma advertencia.

      En fin, que hemos vuelto a ver demasiadas películas de abogados.

Posted by Towsend at 25 de Junio 2007 a las 05:56 PM