El PSOE, no el Gobierno, ha anunciado esta mañana su intención de blindar constitucionalmente el derecho al aborto. No han faltado quienes lo han saludado como un paso histórico en la defensa de los derechos de las mujeres. Conviene ser claros desde el principio: el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo es irrenunciable y debe estar protegido. Nadie que se diga demócrata debería cuestionar que una mujer pueda interrumpir un embarazo sin ser criminalizada ni empujada a la clandestinidad. Dicho esto, hay que mirar detrás del telón: lo que se presenta como una reforma constitucional es oportunismo político.
No es la primera vez que se plantea el blindaje. Sumar lo propuso hace meses y el PSOE lo rechazó porque no había apoyo parlamentario. Tenían razón entonces, y la siguen teniendo ahora. La diferencia es que en esta ocasión el PSOE ha hecho suyo el argumento, no porque los números hayan cambiado, sino porque necesita airear otra conversación. El juicio de la mujer del presidente, las investigaciones sobre su hermano, la falta de presupuestos, la crisis diplomática con Palestina. Todo queda en un segundo plano cuando se invoca la Constitución. Lo que hace unos meses era inviable, hoy se presenta como bandera.
El problema es que para reformar la Constitución no basta con un titular. Se necesitan mayorías reforzadas que este Gobierno ni siquiera puede soñar. Ni PSOE, ni Sumar, ni los aliados habituales suman los votos necesarios. Y para mayor paradoja, algunos de esos aliados —PNV, Junts— se encuentran en el lado contrario en este asunto. No comparten la defensa del aborto como derecho fundamental y menos aún su blindaje. La geometría parlamentaria con la que el PSOE sobrevive en otros terrenos aquí se desmorona. Y lo saben perfectamente.
La política no es un eje simple de izquierdas y derechas. Tampoco una cuadrícula que se ordena de manera estable. Es más bien una esfera donde cada conflicto abre un frente propio. En esa esfera, quien ayer era aliado puede ser adversario mañana. El aborto muestra esa fragilidad con toda claridad. El PSOE vende la ilusión de una izquierda cerrada en bloque en torno a este derecho, pero en el terreno real sus apoyos se disipan.
En la otra orilla, la derecha sigue atrapada en su moral de sacristía. El Partido Popular lleva años en equilibrio inestable: no se atreve a derogar la ley vigente, porque sabe que el rechazo social sería contundente, pero tampoco se atreve a defender el derecho de las mujeres de manera frontal, porque teme perder el voto conservador. Se refugia en plazos, límites y matices técnicos, pero debajo permanece una visión paternalista y condescendiente. Vox, en cambio, no necesita disfraces: exige la prohibición y la penalización. Su proyecto es claro, devolver a la mujer a la tutela del Estado y de la Iglesia.
En este paisaje, el PSOE lanza su propuesta. No como un proyecto serio, porque un proyecto serio necesitaría negociación, pedagogía, pactos que no existen. Lo lanza como globo sonda, como titular que distrae. Se invoca la Constitución como si fuera un talismán capaz de purificar la agenda política. Pero la Constitución, incluso esta que a menudo se siente lejana, no es un decorado de campaña. Es la norma suprema, y si la tenemos es para cumplirla, no para usarla en la pantomima del poder.
El aborto merece blindaje, pero no de esta manera. No como artificio. No como un anuncio destinado a los telediarios. Lo que merece es un proceso político serio, transparente, apoyado en consensos que hoy no existen. Una mayoría parlamentaria que solo puede construirse con tiempo, diálogo y pedagogía social. Mientras tanto, el derecho al aborto ya existe en nuestra legislación, respaldado por la jurisprudencia constitucional y por la voluntad mayoritaria de la sociedad. Lo que necesita no es un titular, sino recursos efectivos en la sanidad pública, formación en el sistema educativo y garantías contra quienes buscan erosionarlo desde tribunales, parlamentos autonómicos o mediante la objeción de conciencia que, en comunidades como Navarra o ciudades como Ceuta, hace imposible abortar en un hospital público.
El daño no es que el blindaje no prospere. El daño es que se utilice como humo. Convertir la Constitución en juguete electoral erosiona su legitimidad. Convertir los derechos de las mujeres en herramienta de distracción degrada la política. Si algún día España decide abrir la Constitución, debe hacerlo en serio, con la solemnidad y el consenso que requiere. Si no es posible, lo honesto es reconocerlo y, mientras tanto, trabajar para que el derecho a decidir sea real en la vida cotidiana: en un centro de salud, en un hospital, en cada territorio del país.
Si el PSOE quiere blindar algo, que blinde la posibilidad de abortar en cualquier hospital del país. Y que deje la Constitución fuera de sus trucos de magia.