Como muchas veces, estaba tirado en la cama haciendo doomscrolling, ese estado mental entre el cansancio y la curiosidad malsana en el que uno deja que el algoritmo decida por él. Entre un vídeo de Bad Bunny en la Super Bowl que me hace dudar de mi heterosexualidad y otro de builds rotísimas para Baldur’s Gate 3, me apareció de pronto un vídeo de “inversión inmobiliaria”. Yo qué sé. El algoritmo se ha vuelto loco o ha decidido que ya soy oficialmente un señor mayor. En cualquier caso, lo vi. Y como suele ocurrir con este tipo de contenidos, no era solo una propuesta económica: era toda una visión del mundo condensada en un minuto.
Vivimos en un ecosistema moral lo suficientemente degradado como para que alguien pueda explicar sin rubor, y sin temor a que le den una paliza- cómo enriquecerse explotando la precariedad ajena. Y hacerlo, además, reclamando admiración. No queda más remedio que escribir. No para debatir, porque con una lógica así no se dialoga. Se señala. Lo que hay ahí no es audacia ni inteligencia. Es bancarrota moral. Es confundir lucidez con parasitismo. Es necesitar una indigencia ética absoluta para presentar la degradación consciente de una necesidad básica como es la vivienda como mérito personal. Y es asumir, sin vergüenza alguna, que vivir de empeorar la vida de otros puede exhibirse en público como si fuera una virtud.
El mensaje del reel era sencillo y pretendidamente incontestable. Comprar una vivienda en una zona buena para alquilarla de forma estable es una mala decisión. Lo inteligente, lo verdaderamente racional, es comprar en barrios humildes, dividir los pisos en habitaciones, meter a cuanta más gente mejor y triplicar la rentabilidad. Los números no mienten. El que compra en zonas consolidadas paga prestigio, paga marca, paga estética. El inversor despierto, en cambio, va donde “dan los números”. El dinero inteligente no busca belleza ni calidad urbana: busca rendimiento.
Este tipo de discurso se presenta siempre como una revelación incómoda, como una verdad que solo los valientes se atreven a decir. No es ideología, insisten, son matemáticas. Pero esa supuesta neutralidad es una trampa. Las matemáticas describen resultados, no justifican decisiones. Que algo sea más rentable no lo convierte en legítimo ni en moralmente aceptable. Si ese fuera el criterio último, cualquier práctica lucrativa sería defendible por el mero hecho de producir beneficios, con independencia de cómo los produce y a costa de quién.
Lo que se está defendiendo aquí no es simplemente una estrategia de inversión más agresiva. Es un modelo que depende estructuralmente de la precariedad; de degradar nuestros barrios. No funciona a pesar de ella, sino gracias a ella. La alta rentabilidad del alquiler por habitaciones en determinadas zonas no surge de la innovación, ni de una mejora del servicio, ni de una asignación más eficiente de recursos. Surge de la escasez de vivienda, de la falta de alternativas y de la necesidad de personas que no pueden permitirse otra cosa. La vulnerabilidad se convierte en la materia prima del negocio.
Para que este modelo resulte defendible, es necesario reducir la vivienda a un activo financiero cualquiera. Pero esa reducción es conceptualmente falsa y moralmente peligrosa. La vivienda no es un bien ordinario. Es el soporte material de la vida cotidiana, de la intimidad, de la estabilidad personal y familiar. Tratarla como una ficha más en una cartera de inversión implica asumir que esas dimensiones son irrelevantes frente al beneficio. Cuando se celebra que meter más personas en menos espacio es “optimización”, lo que se está diciendo, sin rodeos, es que la dignidad es un coste prescindible.
El lenguaje neoliberal delata la lógica de fondo. No se habla de hogares, sino de activos. No se habla de personas, sino de riesgo. Un solo inquilino es peligroso; treinta inquilinos son diversificación. El impago deja de ser un problema humano para convertirse en una variable estadística que se diluye cuanto más fragmentada esté la vivienda. Cada persona pasa a ser sustituible, intercambiable, fácilmente reemplazable. Esa sustituibilidad no es un efecto colateral: es el objetivo.
Este modo de pensar no aparece por accidente. Es la consecuencia directa de expulsar cualquier consideración ética del análisis económico. Cuando se presume de tener treinta inquilinos en lugar de uno como si fuera una genialidad, lo que se está celebrando es la capacidad de reducir el poder de negociación de cada individuo y de hacer que ninguno importe demasiado. Es una lógica conocida en otros ámbitos de explotación: cuanto menos imprescindible es cada persona, más rentable resulta el sistema.
La degradación del mercado inmobiliario no se produce de golpe, sino de forma paulativa. Cada piso convertido en colmena elimina una posibilidad de vivienda estable. Cada propietario que opta por el alquiler por habitaciones porque “da más” contribuye a tensionar el mercado del alquiler tradicional y a empujar a más personas hacia ese mismo modelo precario. La precariedad genera rentabilidad, y la rentabilidad genera más precariedad. Presentar este proceso como una demostración de inteligencia financiera no es solo cínico: es una forma de legitimar activamente el deterioro.
Para reforzar esta legitimación, se construye una caricatura del inversor que no participa en este juego. El que compra en una buena zona “paga marca”. El que busca estabilidad “compra prestigio”. El que prioriza barrios consolidados, servicios públicos y cohesión vecinal es presentado como un consumidor superficial. Pero lo que realmente se desprecia no es el prestigio, sino la idea misma de que la vivienda deba servir para algo más que para extraer el máximo ingreso posible.
En este marco, la ciudad desaparece como proyecto colectivo. No importa el impacto sobre los barrios, la convivencia, la saturación de servicios o la transformación del tejido social. Todo eso queda fuera del análisis porque no figura en la cuenta de resultados individual. El inversor racional no se pregunta qué ciudad está ayudando a construir, sino cuánto puede sacar de ella. Y esa renuncia a cualquier responsabilidad colectiva es una de las claves de la inmoralidad de este enfoque.
Cuando se señala este problema, la respuesta suele refugiarse en la legalidad. Si es legal, no hay nada que reprochar. Pero la legalidad es un mínimo, no un ideal. Muchas prácticas hoy consideradas injustas fueron legales durante años, y muchas leyes actuales van por detrás de realidades sociales que ya se han degradado. Apelar a la ley para cerrar el debate moral es una forma cómoda de evitar la pregunta esencial: ¿qué tipo de mercado inmobiliario estamos dispuestos a normalizar?
Invertir y obtener beneficios no es inmoral, pero convertir la degradación habitacional en estrategia óptima y presentarla como una forma superior de inteligencia sí que lo es. Porque no se limita a describir una realidad: la promueve, la celebra y la reproduce. Porque convierte una necesidad básica en una oportunidad de extracción y ridiculiza cualquier límite como si fuera ingenuidad.