Este es el nivel de nuestra política. Esta señora es diputada nacional, vicesecretaria de Sanidad y Educación del Partido Popular, presidenta del PP de León y, según ella misma se define, “apasionada de la Política y la Historia”.
A veces, uno ve a una persona lanzarse de cabeza a un charco con la convicción de quien cree estar cruzando el Rubicón. Ester Muñoz, diputada y tuitera habitual, ha tenido uno de esos momentos. Reacciona indignada a la noticia de que la ponencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía sostiene que “el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba”, y lo argumenta de una forma demoledora: “Pues la esclavitud o el canibalismo no están expresamente prohibidos en la CE, ¿se puede aprobar una ley de esclavitud?”
Sí. Ha dicho eso. En voz alta. Sin que se le note la mueca, con foto institucional. Estamos ante un ejemplo perfecto de ejercer la política como quien discute pegando manotazos en la barra del bar —versión protocolo y americana azul marino—.
Podríamos soltar un par de chascarrillos sobre su poca capacidad y seguir adelante. Pero eso sería ignorar el poder corrosivo de la estupidez cuando viene desde una figura pública, a la que se le presupone cierto conocimiento sobre cómo funciona nuestro sistema jurídico y político.
Lo que hace Muñoz aquí no es solo una torpeza argumental. Es una falacia de hombre de paja de manual. Toma una doctrina consolidada —la libertad del legislador dentro del marco constitucional— y la convierte en una caricatura grotesca: “Ah, ¿que el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba? Pues venga, volvamos a esclavizar. Y si sobra tiempo, montamos un buffet de canibalismo consensuado”.
Desgraciadamente, en nuestro zeitgeist, funciona. Especialmente en redes. Basta con llevar una idea al extremo más monstruoso y presentarla como si fuera la consecuencia inevitable del argumento original. ¿Que el Derecho permite lo que no prohíbe? Entonces legalicemos el incesto. ¿Que los jueces interpretan la ley? Pues dictadores con toga. ¿Que la amnistía no está expresamente prohibida? Entonces esclavitud y antropofagia. Así se hace política hoy: como si Twitter fuera un examen de primero de Derecho para alumnos aplicados del cinismo.
Pero el problema no es solo metodológico. Es, sobre todo, jurídico. Porque Muñoz intenta hacer pasar por “sentido común constitucional” una visión interesadamente equivocada del Derecho español. La ponencia del TC no dice que el legislador pueda hacer cualquier cosa. Dice que puede hacer todo lo que no esté prohibido por la Constitución. No “todo lo que esté expresamente permitido”. Es una diferencia clave. Mi hija de once años la entiende.
Es, de hecho, la diferencia entre un Estado de Derecho y una dictadura reglamentista. En el primero, el legislador tiene margen mientras no contradiga la Constitución. En el segundo, solo puede hacer lo que un texto previo haya autorizado palabra por palabra. Lo que Muñoz presenta como una defensa del principio de legalidad es, en realidad, su negación.
El principio de legalidad no exige que todo esté escrito con detalle. Exige que toda actuación del poder esté sujeta a la Constitución y a la ley. Que haya límites, sí, pero no que el legislador sea un notario de lo ya redactado. Si así fuera, ninguna ley podría innovar. No habría legislación sobre internet, ni inteligencia artificial, ni matrimonio igualitario, ni eutanasia. Nada de eso está “expresamente” previsto en la Constitución. Pero el legislador puede —y debe— regularlo, siempre que no vulnere sus principios.
Y aquí viene la segunda trampa del tuit de Muñoz. Dice que, como la esclavitud o el canibalismo no están expresamente prohibidos en la CE, su legalización sería posible. Pero eso es falso. No con esas palabras, quizás, pero sí están prohibidos. Porque la Constitución no es una lista de delitos. Es un marco de principios. Y en ese marco, la esclavitud es incompatible con la dignidad de la persona (art. 10.1), con el derecho a la libertad (art. 17), al trabajo libre (art. 35), con la igualdad (art. 14), y con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que la Constitución incorpora explícitamente en su artículo 10.2.
Así que no, no se puede legalizar la esclavitud. No porque lo diga la Constitución con esa palabra, sino porque todo su andamiaje lo impide. Lo mismo con el canibalismo, aunque uno tenga que hacer más pasos. Pero en ningún caso es cierto que “como no lo prohíbe expresamente, se puede”. Esa es una distorsión deliberada.
¿Para qué usa esa distorsión? No se trata de discutir la ponencia del TC, sino de deslegitimarla a base de chistes y memes jurídicos. Si el TC dice que una ley de amnistía es constitucional si no la prohíbe la CE, se responde no con argumentos, sino con reducciones al absurdo. “¿Entonces también esclavitud?”. Y así, lo que es una afirmación razonable —el legislador tiene libertad dentro del marco constitucional— se convierte en la antesala de un régimen de horrores.
La intención es clara: hacer pasar una doctrina jurídica sólida por una barbaridad, apelando a algo que repugna a cualquiera. Y hacerlo en nombre del “principio de legalidad”, como si el orden jurídico español funcionara por lista cerrada. Como si el legislador fuera un becario que no puede moverse sin permiso del vigilante de pasillo.
Pero eso no es el Estado de Derecho. Eso es una caricatura del legalismo, útil para incendiar el debate, pero inútil para gobernar.
Y lo más enervante es que esta lógica de “todo lo que no esté expresamente prohibido es una amenaza” es la misma que justifica los recortes de libertades. Porque si solo se puede hacer lo expresamente autorizado, entonces nadie tiene derecho a lo que no esté concedido. No tienes libertad de expresión si no está detallada palabra por palabra. No puedes fundar una asociación si no se te da permiso. No puedes vivir una vida que no haya sido prevista en el BOE.
Es curioso: el liberalismo, que históricamente defendía limitar el poder y empoderar al ciudadano, es hoy invocado para imponer una visión hiperformalista y literalista de la Constitución. Un liberalismo sin libertad. Una Constitución sin interpretación. Una democracia sin confianza.
Y claro, se puede estar a favor o en contra de la amnistía. Se puede discutir su encaje con el artículo 62.i CE, su oportunidad política o su impacto jurídico. Todo eso es legítimo. Lo que no lo es, es falsear el debate, distorsionar los argumentos y presentar al Tribunal Constitucional como una secta de caníbales filoesclavistas solo porque no ha dicho lo que uno quería.
Si lo que molesta es la amnistía, discutámosla con argumentos. Si lo que molesta es el TC, propongamos una reforma. Pero si lo que molesta es que el Derecho tenga interpretación —y no solo prohibiciones literales— entonces lo que se echa de menos no es el Estado de Derecho, sino otra cosa. Algo más rígido. Más obediente. Algo que se parezca más a las Leyes Fundamentales del Movimiento que a una Constitución democrática -aunque ya huela a naftalina-.