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“En la sombría oscuridad del lejano futuro, sólo hay guerra”.

Y una pila de miniaturas sin destroquelar que me produce mucha ansiedad.

Buena parte del hobby de los moñecos consiste en personalizar las miniaturas. Durante décadas, los aficionados han modificado figuras con masilla verde, limas, piezas sueltas y pintura, transformando un producto estandarizado en algo único. Esa práctica artesanal forma parte del ADN del wargaming desde mucho antes de que la industria descubriera su rentabilidad. Pero en los últimos diez años, la irrupción de las impresoras 3D ha multiplicado exponencialmente las posibilidades creativas de la gente que, en vez de manos, tenemos muñones. Lo que antes era lento y limitado hoy está al alcance de cualquiera con un archivo STL, una impresora 3D y un poco de tiempo libre. Y esa transformación silenciosa ha terminado por abrir una grieta profunda entre la comunidad y la empresa que domina el sector.

Acompáñenme para esa estremecedora historia de terror, hipocresía y gente con una higiene corporal discutible.

Games Workshop – Citadel, la empresa responsable de Warhammer y que acapara un 90% del mercado del wargamming a nivel mundial – fuente, “my tanned balls”- ha demandado al estudio italiano Ghamak, especializado en esculturas 3D imprimibles, por “concorrenza sleale”, competencia desleal según el artículo 2.598 del Código Civil italiano. No es la primera vez que GW intenta proteger su dominio sobre Warhammer, pero esta vez -al igual que en el pleito de Chaperhouse syudios, del que hablaremos otro día- no va tras copias exactas salidas de un taller de resina de Shenzhen -al que sólo se tiene acceso a través de una discreta ML-: acusa a Ghamak de beneficiarse sistemáticamente de su inversión en Propiedad Intelectual a través de un catálogo que, sin reproducir signos distintivos, resulta funcionalmente intercambiable con el suyo. Esta vía legal evita la necesidad de demostrar infracciones pieza a pieza: basta con alegar que la actividad económica del demandado se basa en “parasitismo” —aprovechar la reputación y el trabajo ajeno sin un esfuerzo equivalente.

El caso es llamativo porque Ghamak no es cualquier escultor. Lleva años ofreciendo líneas completas de miniaturas “compatibles”, muchas inspiradas en facciones icónicas, bien conocidas por jugadores de Warhammer. No se trata de bits sueltos o guiños puntuales -como lo era Chaper House-: es un catálogo paralelo capaz de equipar un ejército entero, vendiendo por fuera del circuito oficial. Y eso, desde la perspectiva jurídica italiana, encaja en el molde perfecto de la competencia parasitaria. No hace falta confusión de marca ni plagio literal: basta con demostrar que la estrategia comercial depende de la existencia del competidor dominante. En este caso, GW.

La ironía es obvia para cualquiera que haya prestado atención a su historia. La empresa británica nunca se caracterizó por su imaginación virginal. Los Necrones nacieron como copias directas de los Terminators de James Cameron, los Tiranidos lo eran de Alien de Giger y Scott, los Arbites son un calco amable de los jueces de Mega City One – GW era la depositaria d ellos derechos para un juego de miniaturas del Juez Dredd en los 80-. Y en los conceptos pasa lo mismo: el Imperio de la Humanidad bebe de Dune y el Caos surge en línea directa de Michael Moorcock. Warhammer nació mezclando tropos ajenos y construyendo con ellos un lenguaje visual potente. Y hoy, tras décadas de apropiación, exige a otros lo que nunca hizo.

La elección de la competencia desleal como estrategia legal no es casual. Litigar por copyright obliga a demostrar qué pieza fue copiada, cuándo, con qué originalidad y bajo qué derechos. La figura del parasitismo permite en cambio un ataque más amplio y económico: no se discute la forma de una hombrera, sino la lógica entera de un negocio. Si GW logra que un tribunal italiano confirme que Ghamak vive de su inversión creativa, el golpe será devastador para un sector de escultores independientes que floreció gracias a la impresión 3D. No se trata de un simple pleito comercial: es una declaración de intenciones sobre quién manda en el hobby.

Italia es un terreno fértil para esta jugada. El artículo 2.598 del Código Civil permite sancionar conductas que, sin ser infracción clásica de marca o autor, se consideren contrarias a la “correttezza professionale”. Basta con probar que una empresa basa su actividad en colgarse de otra. Ghamak, con un catálogo construido alrededor de equivalentes funcionales, es el blanco perfecto para establecer un precedente que disuada a otros. GW no necesita demostrar que inventó nada; sólo que otros están monetizando su universo estético. Es una maniobra quirúrgica: un caso bien escogido, un tribunal favorable y una doctrina jurídica flexible.

Para los escultores 3D, la amenaza es clara. Hasta ahora han operado en una zona gris: evitando marcas registradas, cambiando detalles visuales y confiando en que la diversidad estilística bastaría para blindarlos. Pero si un juez dicta que basta con “aprovechar la inversión” para que exista parasitismo, el margen se reduce drásticamente. La estética compartida se vuelve un campo minado. Y si GW gana, no será necesario demandar a todos: bastará con este caso para intimidar al resto.

El contraste con el pasado de GW es difícil de ignorar. La empresa ha prosperado durante décadas construyendo sobre ideas ajenas. Lo hizo en un momento en que las fronteras de la propiedad intelectual eran más difusas, cuando los universos de ciencia ficción eran patrimonio cultural informal más que activo legal. Hoy, con el derecho europeo reforzando la protección de diseños y ampliando el alcance de la competencia desleal, GW puede usar herramientas que antes no existían para blindar un ecosistema que, paradójicamente, se formó gracias a la porosidad de esas mismas fronteras.

El caso recuerda inevitablemente a Chapterhouse Studios, el pleito estadounidense que acabó en un veredicto mixto -y que acabó quebrando al ratón-: GW ganó algunos puntos, pero no logró monopolizar un estilo. El derecho italiano es diferente. La noción de parasitismo ofrece una ruta más cómoda para una gran empresa: en vez de probar originalidad pieza a pieza, basta con convencer al tribunal de que la otra parte vive de su sombra. Y en este caso, Ghamak ha hecho lo bastante visible y estructurado como para servir de ejemplo. No es un enemigo al azar: es un aviso para toda una comunidad.

La paradoja es que GW intenta embotellar un río que lleva décadas fluyendo. Warhammer es un lenguaje visual compartido, no sólo un catálogo de productos. Sus jugadores, sus fans, sus creadores independientes han contribuido a expandirlo más allá de lo que la empresa por sí sola podría haber hecho. Pero el derecho no está diseñado para premiar comunidades difusas: favorece a quienes tienen estructura, abogados y capacidad de litigar. Y en esa asimetría, GW juega con ventaja.

Cuando el juez italiano dicte sentencia —o incluso antes— el ecosistema del hobby puede cambiar. Si GW gana, el efecto disuasorio será inmediato: menos creadores, menos diversidad, más miedo. Si pierde, los escultores ganarán un poco de oxígeno y la empresa aprenderá que no todo se puede domesticar. Mientras tanto, en las mesas de juego seguirán desplegándose ejércitos híbridos, mezcla de plástico oficial y proxies caseros. Como siempre. Porque antes de que GW proclamara su derecho divino sobre estos mundos imaginarios, ya estábamos jugando con ellos.

A mis 48 años, el transporte público dejó de ser una opción. No porque no lo haya usado: al contrario. Durante más de treinta años, viviendo en el noroeste, me he movido en autobuses interurbanos, Cercanías y Metro, renegando del coche; he pasado incontables horas de mi vida leyendo libros y comics, mirando por la ventanilla, cabeceando a las siete de la mañana en un vagón que olía a sueño y escuchando las noticias. Durante años, ese era mi día a día, y funcionaba. No era perfecto, claro que no, pero era posible: el transporte público ofrecía una alternativa razonable para entrar y salir de Madrid sin sentir que estabas sacrificando tu salud mental.

Ahora, no. Desde mi última mudanza, y teniendo que dejar a la peque en el cole -¡a las siete y media de la mañana!-, las combinaciones que antes eran soportables se han vuelto impracticables, los horarios son cada vez más inestables y las frecuencias de los trenes un chiste. Si antes, viviendo mucho más lejos de la ciudad, tardaba una hora y poco en llegar a mi trabajo combinando Cercanías y metro, hoy esa misma ruta puede alargarse a hora y media… si no hay averías, si no hay retrasos, si no hay huelga encubierta de maquinistas o fallos eléctricos que paralizan media línea a las ocho de la mañana. Por eso, como mucha otra gente, he acabado rindiéndome: voy en coche. No porque quiera. Porque no me queda otra.

Y aquí empieza el verdadero problema: el coche no es una solución. Desde hace tres o cuatro meses, el acceso a Madrid por la A-6 se ha convertido en una pesadilla diaria. No hay hipérbole o exageración posible que haga justicia a la realidad de esos atascos interminables que empiezan antes de Las Rozas y se extienden hasta el corazón de la ciudad. Lo que durante años fue un trayecto de treinta y cinco minutos se ha transformado en un viaje de una hora y diez minutos como mínimo. Día tras día. Lluvia o sol.

Lo malo es que este colapso no tiene misterio: una combinación perfecta entre planificación electoral y fin del teletrabajo. José Luis Martínez-Almeida ha decidido que su campaña municipal de 2027 se construya sobre obras y cintas inaugurales, y ha convertido los accesos a la ciudad en su escaparate favorito.

Se han abierto zanjas, desviado carriles, levantado estructuras y cortado accesos sin una planificación técnica real, sino pensando en cuándo tocará sacar la foto de la inauguración -me juego kikos contra pesetas -¡y no los pierdo!- que la gran mayoría serán inauguradas con las obras a medias en los dos primeros meses de 2027-. No se ha escalonado ni coordinado nada. Todo al mismo tiempo, como si los ciudadanos fuéramos figurantes en su teatrillo de campaña. La obra del nudo norte, el Bernabéu, la A5, El soterramiento de la M30 en Ventas…

Al mismo tiempo, el lento desmantelamiento de las políticas de teletrabajo ha devuelto a la carretera a miles de personas que habían desaparecido desde la pandemia. Antes, a las siete y media de la mañana, el atasco era manejable: ahora es un tapón total. Cada empresa que obliga a sus trabajadores a volver a la oficina contribuye un poco más a este colapso. Y no hay alternativa: el transporte público no absorbe esta avalancha, porque lleva años abandonado. El Cercanías -¡salude, señor Puente, que usted también tiene parte de culpa en esta situación! no da abasto, el metro está saturado y los autobuses interurbanos se atascan en el carril BUS/VAO.

El resultado es un embudo perfecto, un castigo diario del que no hay salida. Y eso es lo más perverso: no es un accidente. Es una decisión política. No solo la de priorizar el coche sobre cualquier otra forma de movilidad, sino la de utilizar el atasco como fondo de campaña, como escenario en el que el alcalde posa con casco y sonrisa, mientras cientos de miles de personas pierden tres horas diarias de su vida para ir y volver del trabajo.

Madrid no está colapsada por casualidad. Madrid está colapsada porque alguien, desde un despacho en Cibeles, ha decidido que el atasco es rentable. Para ellos. No para nosotros.

Games Workshop ha anunciado esta semana un nuevo set de cabezas de marines espaciales en el que, a simple vista, algunas parecen femeninas. Todo lo femenina que puede ser una mujer transhumana sometida a los espantosos procesos quirúrgicos y de lavado de cerebro necesarios para fabricar una Adepta Astartes.

Fiel a su estilo, GW no ha dicho ni mu. No confirma, no niega, solo observa. Están nadando y guardando la ropa. Miran de reojo al fandom para medir la temperatura antes de mojarse. Si la cosa explota, siempre pueden decir que fue un error y que no eran mujeres, sino asiáticos raros.

Porque la sempiterna bronca sobre los “marines espaciales mujeres” en Warhammer 40,000 no va de trasfondo. Va de dinero. Y de cultura. Y de quién manda en el imaginario cuando una franquicia nacida en los ochenta quiere seguir vendiendo plástico en el siglo XXI.

Games Workshop es una empresa -¡sopresa!-. No una hermandad de caballeros templarios del hobby, ni una secta dedicada al Emperador. Es una compañía cotizada en bolsa, con accionistas, balances trimestrales y un instinto comercial más afilado que cualquier cuchilla de modelismo. Durante décadas, su negocio se basó en venderle a un perfil muy concreto: varón, blanco, friki de adolescencia larga, con poder adquisitivo. No hacía falta complicarse más: eso funcionaba. Los marines espaciales eran hombres porque nadie, en Nottingham, se planteó que pudieran no serlo.

El universo nació con testosterona de serie. El lore se escribió para vender miniaturas, no para sostener dogmas teológicos. Cuando se endureció con los años, no fue por coherencia narrativa, sino porque la fórmula funcionaba. Los códex, las legiones, los primarcas… todo servía para un único fin: mantener las luces encendidas. Y si algo no daba dinero, se borraba. Así de sencillo.

Pero el mundo cambió. La cultura friki dejó de ser un refugio de cuatro tipos que no se duchaban y se convirtió en un mercado masivo. La vieja guardia envejeció y la empresa, que de tonta no tiene un pelo, empezó a tantear otros perfiles de cliente. Las campañas de marketing se hicieron más inclusivas, aparecieron personajes femeninos en otras facciones, y, sobre todo, empezó a insinuar que quizá, algún día, podrían existir marines mujeres. No lo hizo por militancia feminista. Lo hizo porque el Excel le dijo que convenía tantear el terreno.

Y entonces ardió el fandom. Literalmente. Foros, Reddit, Twitter, YouTube: el pequeño ejército de gatekeepers del canon se levantó en armas digitales. Como siempre, con la misma letanía: “no es canon”, “nos quieren imponer ideología”, “esto es política”. Como si Warhammer no hubiera sido político desde el minuto cero, como si un universo que glorifica en su sátira despiadada teocracias fascistas, exterminios y cruzadas imperiales fuese apolítico por naturaleza.

La realidad es que buena parte de esa reacción no huele a lore: huele a sobaco. Y a sudor de huevos. No en sentido figurado, sino literal. Es el olor rancio de cierta parte del fandom: los que siguen convencidos de que Warhammer es su club, su cueva de machos autoelegidos, su patio cerrado donde nada cambia desde que tenían 14 años y llevaban camisetas de Judas Priest -Con mis saludos y respetos al tío más gay del universo, Rob Halford-. Para ellos, ver una mujer con servoarmadura no es un cambio de trasfondo. Es una afrenta personal.

Pero Warhammer no es sólo ese fandom rancio-. Hay una comunidad enorme y creciente que no solo acepta la inclusión: la celebra. Jugadoras, personas queer, racializadas, y también muchos tíos que no necesitan sentirse protagonistas únicos para disfrutar un juego de muñequitos. No son minoría ruidosa: son mayoría silenciosa, pero cada vez más visible. Y son, no casualmente, el público al que GW quiere venderle el futuro de su marca.

Por eso la empresa no ha dicho “sí” ni “no”. No ha proclamado un giro histórico ni ha cerrado la puerta. Juega a lo suyo: tantear el mercado. Sabe que si lanza marines mujeres de golpe, habrá escándalo… pero también ventas. Sabe que si no lo hace, la polémica le sirve igual: mantiene a los ofendidos gritando y a los nuevos públicos expectantes. Un win–win de manual. El Emperador no manda: manda el beneficio neto.

Y este no es un caso aislado. Es un capítulo más de la guerra cultural que atraviesa toda la cultura pop. Lo mismo pasó con las jedis mujeres en Star Wars, con los elfos racializados en The Rings of Power, con las protagonistas femeninas en The Last of Us Part II. Siempre la misma coreografía: una parte del fandom grita que “les han robado su infancia” cuando lo único que ocurre es que han dejado de ser el centro del universo cultural.

Games Workshop no va a decidir este debate desde la moral, ni desde la coherencia narrativa. Lo hará desde el balance trimestral. Si lanzar marines mujeres amplía su mercado, lo hará. Si no, no. Así de simple. El lore es maleable, el Excel no.

La batalla real no se libra en los códex ni en los foros de trasfondo. Se libra en el campo cultural. Entre quienes quieren que el universo de Warhammer siga oliendo a sótano cerrado de los noventa, y quienes quieren que sea un espacio más amplio, diverso y, sobre todo, vivo.

Si algún día aparecen marines mujeres en el catálogo oficial, no será porque GW haya visto la luz. Será porque ha visto la oportunidad de negocio. Y si no aparecen, no será por respeto al canon, sino porque los números no salen. El Emperador podrá seguir sentado en su trono dorado, pero el que decide es el mercado.

El PSOE, no el Gobierno, ha anunciado esta mañana su intención de blindar constitucionalmente el derecho al aborto. No han faltado quienes lo han saludado como un paso histórico en la defensa de los derechos de las mujeres. Conviene ser claros desde el principio: el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo es irrenunciable y debe estar protegido. Nadie que se diga demócrata debería cuestionar que una mujer pueda interrumpir un embarazo sin ser criminalizada ni empujada a la clandestinidad. Dicho esto, hay que mirar detrás del telón: lo que se presenta como una reforma constitucional es oportunismo político.

No es la primera vez que se plantea el blindaje. Sumar lo propuso hace meses y el PSOE lo rechazó porque no había apoyo parlamentario. Tenían razón entonces, y la siguen teniendo ahora. La diferencia es que en esta ocasión el PSOE ha hecho suyo el argumento, no porque los números hayan cambiado, sino porque necesita airear otra conversación. El juicio de la mujer del presidente, las investigaciones sobre su hermano, la falta de presupuestos, la crisis diplomática con Palestina. Todo queda en un segundo plano cuando se invoca la Constitución. Lo que hace unos meses era inviable, hoy se presenta como bandera.

El problema es que para reformar la Constitución no basta con un titular. Se necesitan mayorías reforzadas que este Gobierno ni siquiera puede soñar. Ni PSOE, ni Sumar, ni los aliados habituales suman los votos necesarios. Y para mayor paradoja, algunos de esos aliados —PNV, Junts— se encuentran en el lado contrario en este asunto. No comparten la defensa del aborto como derecho fundamental y menos aún su blindaje. La geometría parlamentaria con la que el PSOE sobrevive en otros terrenos aquí se desmorona. Y lo saben perfectamente.

La política no es un eje simple de izquierdas y derechas. Tampoco una cuadrícula que se ordena de manera estable. Es más bien una esfera donde cada conflicto abre un frente propio. En esa esfera, quien ayer era aliado puede ser adversario mañana. El aborto muestra esa fragilidad con toda claridad. El PSOE vende la ilusión de una izquierda cerrada en bloque en torno a este derecho, pero en el terreno real sus apoyos se disipan.

En la otra orilla, la derecha sigue atrapada en su moral de sacristía. El Partido Popular lleva años en equilibrio inestable: no se atreve a derogar la ley vigente, porque sabe que el rechazo social sería contundente, pero tampoco se atreve a defender el derecho de las mujeres de manera frontal, porque teme perder el voto conservador. Se refugia en plazos, límites y matices técnicos, pero debajo permanece una visión paternalista y condescendiente. Vox, en cambio, no necesita disfraces: exige la prohibición y la penalización. Su proyecto es claro, devolver a la mujer a la tutela del Estado y de la Iglesia.

En este paisaje, el PSOE lanza su propuesta. No como un proyecto serio, porque un proyecto serio necesitaría negociación, pedagogía, pactos que no existen. Lo lanza como globo sonda, como titular que distrae. Se invoca la Constitución como si fuera un talismán capaz de purificar la agenda política. Pero la Constitución, incluso esta que a menudo se siente lejana, no es un decorado de campaña. Es la norma suprema, y si la tenemos es para cumplirla, no para usarla en la pantomima del poder.

El aborto merece blindaje, pero no de esta manera. No como artificio. No como un anuncio destinado a los telediarios. Lo que merece es un proceso político serio, transparente, apoyado en consensos que hoy no existen. Una mayoría parlamentaria que solo puede construirse con tiempo, diálogo y pedagogía social. Mientras tanto, el derecho al aborto ya existe en nuestra legislación, respaldado por la jurisprudencia constitucional y por la voluntad mayoritaria de la sociedad. Lo que necesita no es un titular, sino recursos efectivos en la sanidad pública, formación en el sistema educativo y garantías contra quienes buscan erosionarlo desde tribunales, parlamentos autonómicos o mediante la objeción de conciencia que, en comunidades como Navarra o ciudades como Ceuta, hace imposible abortar en un hospital público.

El daño no es que el blindaje no prospere. El daño es que se utilice como humo. Convertir la Constitución en juguete electoral erosiona su legitimidad. Convertir los derechos de las mujeres en herramienta de distracción degrada la política. Si algún día España decide abrir la Constitución, debe hacerlo en serio, con la solemnidad y el consenso que requiere. Si no es posible, lo honesto es reconocerlo y, mientras tanto, trabajar para que el derecho a decidir sea real en la vida cotidiana: en un centro de salud, en un hospital, en cada territorio del país.

Si el PSOE quiere blindar algo, que blinde la posibilidad de abortar en cualquier hospital del país. Y que deje la Constitución fuera de sus trucos de magia.

וַיִּכָּנְעוּ הַפְּלִשְׁתִּים וְלֹא־יָסְפוּ עוֹד לָבוֹא בִּגְבוּל יִשְׂרָאֵל

“Y fueron humillados los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel.”

1 Samuel 7:13

La historia nos juzgará por nuestras acciones, o en este caso, por nuestras inacciones. Dentro de cien o doscientos años alguien abrirá un libro y se preguntará cómo pudimos permitirlo. Nos mirarán como hoy miramos a quienes practicaron la política de apaciguamiento con Hitler: con una mezcla de vergüenza ajena y de incredulidad, incapaces de entender cómo se podía contemporizar lo intolerable.

Me educaron en la creencia de que hay que condenar “la violencia venga de donde venga”. Que hay que poner a Israel y a Hamás en la misma balanza y, con gesto grave, proclamar que “los dos son igual de malos”. Como si esto fuera un patio de colegio y los bedeles nos obligaran a darnos la mano después de la pelea o un episodio de The West Wing donde todos se sientan en la mesa oval y se reparten culpas por igual.

Pero el Derecho —y también la moral— saben de proporciones. No es lo mismo el que tira una piedra que el que responde con un misil. No es lo mismo secuestrar a un civil que convertir una ciudad entera en escombros. No es lo mismo asesinar brutalmente a 1.200 personas, como hizo Hamás el infausto 7 de octubre, que someter a dos millones de seres humanos al hambre, al bloqueo y a la aniquilación sistemática durante décadas, como hace el Estado de Israel.

La responsabilidad de Hamás existe y debe decirse sin rodeos: su ataque fue un crimen de guerra, y sus rehenes -los que queden- siguen siendo la prueba viva de ello. Pero aquí se agota la equidistancia. Porque lo que hace Israel en Gaza, con el sello oficial de un Estado moderno, con ejército regular, con un presupuesto militar que hace palidecer a muchos países europeos, no es defensa: es castigo colectivo. Y el castigo colectivo está prohibido en artículo 33 del IV Convenio de Ginebra. Da igual cuántos portavoces lo disfracen de “operación quirúrgica”: cuando reduces un hospital a escombros, no estás combatiendo a Hamás, estás asesinando a los que no pueden huir y estás impidiendo que los supervivientes reciban atención médica.

¿Israel tiene derecho a defenderse? Si, pero el Derecho internacional le pone límites. Esos límites son la proporcionalidad y la distinción entre combatientes y civiles. Y cuando la proporción es de 65.000 muertos palestinos frente a 1.200 israelíes, cuando la distinción entre “objetivo militar” y “niños bajo una tienda de campaña” se diluye bajo toneladas de bombas inteligentes y drones autónomos, no hablamos ya de defensa: hablamos de crímenes contra la humanidad.

La historia tiene memoria larga y nosotros somos sus cómplices cuando miramos hacia otro lado. Permitimos el genocidio del pueblo armenio armenio en 1915 con excusas diplomáticas y sordera política; no fuimos capaces de frenar la maquinaria del exterminio cuando la evidencia era abrumadora. Y aunque el Holocausto nos obligó —tarde y mal— a reconocer la maldad intrínseca de querer aniquilar a un pueblo entero, esa lección no parece haberse convertido en una regla irrevocable de conducta internacional. Hoy, frente a lo que ocurre en Palestina, muchos se preguntan si estamos repitiendo el mismo pecado de pasividad: denunciar crímenes aquí y ahora, sí, pero no actuar con la firmeza que exige impedir una posible destrucción de una comunidad. Hay informes de organismos internacionales y ONG que describen políticas del Estado israelí en términos que van desde el apartheid hasta la limpieza étnica; El fin declarado de buena parte de los políticos israelíes es acabar con los territorios palestinos. Todo porque Dios le prometió a Abraham la tierra de Canaán hace casi 4.000 años. No es equivalente equiparar terroristas con el aparato de un Estado, pero tampoco podemos permitir que, bajo el paraguas de la seguridad, se diseñen prácticas que borren a un pueblo. Y sí, conviene recordar que la solución de Naciones Unidas de 1947 fue aceptada por los representantes sionistas de la época y rechazada por los líderes árabes; eso no exime a nadie hoy de responsabilidad moral ni jurídica por políticas que empujan hacia la aniquilación de esperanzas, derechos y vidas.

Algunos dicen que es “complicado”. Que hay “matices”. Y claro que los hay: el matiz entre un crimen y una masacre. El matiz entre un grupo terrorista y un Estado miembro de la ONU. El matiz entre la desesperación de los sitiados y la impunidad de los sitiadores. Llamar a todo “conflicto” o “guerra entre iguales” es una forma elegante de borrar la ocupación, el apartheid, el control del agua, de los campos y de los cielos.

Imaginemos que el mismo estándar se aplicara en un tribunal penal: un acusado de asesinato múltiple sentado junto a un genocida. ¿Los condenamos igual porque “ambos mataron”?

Condenar a Hamás es fácil. Condenar a Israel cuesta, porque incomoda a gobiernos aliados e intereses económicos, porque toca fibras de culpa histórica, porque hay lobbies atentos a cada palabra. Pero el Derecho no se escribe en los despachos de relaciones públicas, se escribe sobre cadáveres. Y Gaza y Cisjordania llevan demasiado tiempo funcionando como un folio en blanco para la impunidad.

Así que no, no son lo mismo. No pesan igual en la balanza de la ética ni en el Código Penal del sentido común. Israel ha convertido Palestina en un campo de pruebas de la deshumanización, y eso no se limpia con comunicados diplomáticos. Hamás es responsable de sus crímenes, pero el Estado de Israel es responsable de un sistema entero de opresión, ocupación y exterminio. Y en un tribunal de justicia —si algún día lo hubiera— las togas sabrían distinguirlos.

Mi hija no puede leer un reloj de agujas. Tiene un trastorno de la percepción visoespacial, que además de afectarle en forma de discalculia, hace que las manecillas de un reloj sean un jeroglífico imposible.

Y no pasa nada.

Para ella —como para la mayoría de los críos de su generación— el tiempo se mide en pantallas, en notificaciones, en números claros y exactos. La vida no se detiene porque alguien no sepa distinguir la aguja corta de la larga.

La reacción histérica basta leer los comentarios del siguiente reel de Instagram- de gente que tiene demasiado tiempo libre cuando unos concursantes de OT admiten lo mismo demuestra lo contrario: que los adultos confundimos necesidad con símbolo. Nadie necesita un reloj analógico para saber la hora. Igual que nadie necesita ya un telegrama para mandar un mensaje. La utilidad se fue hace tiempo. Y, sin embargo, el reloj de agujas sigue ocupando un lugar de prestigio en la sociedad porque ha dejado de ser un utensilio y se ha convertido en un fetiche. No es un instrumento para orientarse en el día a día, sino un objeto de admiración. Los relojes mecánicos son pequeñas catedrales portátiles: engranajes que laten como corazones metálicos, complicaciones que desafían el absurdo del tiempo, cajas que condensan siglos de artesanía. Quien se ata un reloj a la muñeca no busca saber si son las cuatro y cuarto; para eso le basta con mirar el móvil; busca sentir que lleva historia, belleza y precisión.

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Esa es la diferencia esencial: el reloj de pulsera ya no es una necesidad, pero sí un imprescindible para quienes saben verlo como lo que es, un artefacto cultural. Igual que nadie necesita un vinilo para escuchar música, pero muchos lo veneran como experiencia sensorial insustituible. Igual que nadie necesita escribir con pluma estilográfica, pero hay quienes disfrutan el roce del plumín como una ceremonia íntima. Del mismo modo, en los años 80 a muchos jóvenes les habría parecido casi marciano encontrar un teletipo en una oficina, un fonógrafo de cilindros de cera en el salón de casa o una calculadora mecánica de manivela en una mesa de trabajo: objetos que para sus abuelos eran cotidianos y para ellos ya eran pura arqueología.

Reírse de un chaval porque no sabe leer la hora en un reloj analógico es tan mezquino como ridiculizarlo porque no sabe usar una cámara de carrete. No es su mundo, ni falta que hace. La paradoja es que quienes se indignan por esa supuesta carencia no defienden la función del reloj, sino su aura. Lo que echan de menos no es que los jóvenes lleguen puntuales: es que veneren el mismo objeto que ellos veneran.

Y, ojo, esa veneración es legítima. Admirar un reloj mecánico es rendirse a un milagro de la ingeniería que sigue latiendo, aunque se le haya pasado la época. Es aceptar que hay objetos que no sirven para lo que fueron creados, pero sobreviven porque son bellos. No son necesarios, pero son imprescindibles para quienes han decidido que lo inútil puede ser, precisamente, lo más valioso.

Mi hija jamás llevará un reloj de agujas por necesidad. Quizá algún día admire que exista gente capaz de perder años de vida en diseñar un mecanismo que no hace falta, pero que sigue inspirando. Ahí está el secreto: el reloj ya no mide el tiempo, mide nuestra obstinación por encontrar sentido más allá de la utilidad.

O por lo menos espero que pueda malvender la colección de relojes de su viejo en Wallapop cuando me suba al árbol.

Un viajero del tiempo se planta en Braunau am Inn en mayo de 1889, con un arma, un plan sencillo y la convicción de que, matando a Adolf Hitler en la cuna, se evitarán millones de muertes. Esa premisa —el famoso dilema de “matar a Hitler antes de su ascenso al poder”— funciona como atajo narrativo para explorar la culpa, la ética y las paradojas del viaje temporal. Es uno de los tropos más comunes de la Ciencia Ficción.

Pero si repasamos la literatura, la televisión y otros medios, queda claro que la respuesta dramática que suelen ofrecer estas obras es una de las dos cosas: o el intento fracasa por paradojas y autoconservación de la línea temporal, o la “solución” tiene consecuencias peores o, cuando menos, inesperadas, dependiendo de si nos encontramos en un marco determinista o no.

En Making History, la novela de Stephen Fry, 1996, los protagonistas logran evitar que Hitler nazca; pero la historia no mejora: otro líder igual o más siniestro ocupa su lugar y el mundo resultante no es la utopía esperada. Fry usa la premisa para desmontar la fantasía de la “solución simple” y mostrar la complejidad de las contingencias históricas

En televisión, la versión más directa llegó en el revival de The Twilight Zone (episodio “Cradle of Darkness”, 2002), donde una mujer es enviada para asesinar al bebé Hitler. La historia juega con la empatía y la incapacidad del agente para cometer el acto; cuando finalmente alguien mata al bebé, otro niño es colocado en su lugar —o la acción no cambia el curso—, con lo que la lección es clara: la historia resiste o se reajusta y el “mal” persiste en otras formas. Esa moraleja —la dificultad o imposibilidad de borrar el mal por medios simples— vuelve una y otra vez.

El tropo también aparece como broma o sketch: desde sketches de Robot Chicken, Dcotor Who o Family Guy hasta escenas post-créditos en la segunda película de Deadpool . Incluso políticos y columnistas han usado la pregunta como dilema público, lo que demuestra su potencia retórica fuera de la ficción: la cuestión fue objeto de debates masivos y encuestas en los medios, lo que alimentó más ficciones y discusiones éticas.

¿Por qué es tan atractivo el tropo? Primero, porque condensa en una sola imagen el conflicto moral último: ¿está permitido matar a un niño para salvar a millones de inocentes futuros? Segundo, porque es terreno fértil para jugar con las reglas del viaje temporal: si cambias el pasado, ¿qué pasa con tu presente? ¿Surge una línea temporal alternativa? ¿Se genera una paradoja que impide el cambio? Estas preguntas permiten que la ficción haga lo que la filosofía hace con ejemplos: forzar intuiciones y mostrarlas tensas.

Hay tácticas narrativas repetidas en todos los ejemplos:

La subversión moral: el héroe descubre que matar a un niño, aunque sea “por el bien”, lo corrompe;

La paradoja física: reglas de consistencia temporal (p. ej. Novikov) hacen que el intento se neutralice o cause el surgimiento de la misma figura en otra forma;

El resultado peor: la eliminación de Hitler abre un vacío que llena alguien más brutal o sistemas que producen males diferentes pero comparables. Estas estrategias permiten a la ficción criticar tanto la fantasía simplista de la “solución” como la fe ingenua en la causalidad única de la historia.

¿Por qué tantas finales “malos”? En términos narrativos y filosóficos hay razones sólidas. Desde la perspectiva moral, matar a un inocente —aunque sea para salvar a otros— problematiza la idea utilitarista cuando se incorpora la fragilidad humana: la mayoría de las historias quieren que el lector/espectador cuestione la justificación de la violencia preventiva. Desde la perspectiva de la ficción científica, si el viaje temporal es posible y coherente, los autores deben lidiar con la lógica: la física ficción adopta principios (paradoja, consistencia, multiversos) que suelen empujar la trama hacia la conservación del statu quo o hacia resultados imprevistos. El efecto dramático es doble: se evita una solución “mágica” y se obliga al público a confrontar la complejidad real de las causas históricas.

Pero también hay una dimensión psicológica: la imagen de un bebé que se acabará convirtiendo en Hitler es un espejo incómodo. ¿Qué nos dice de nosotros querer o no querer matarlo? ¿Somos utilitaristas, deontologistas, sentimentalistas? La ficción usa ese espejo para forzar la autocrítica social: muchas obras muestran que la “venganza” o la eliminación selectiva suele estar teñida de prejuicio, error o arrogancia moral.  El tropo del viajero que viaja al pasado para matar a Hitler funciona como catalizador dramático porque concentra ética, historia y ciencia ficción en una sola imagen. Pero la lección recurrente de la cultura pop es que la bala que pretende prevenir el mal no es jamás una bala mágica: falla, induce paradojas o genera resultados peores. Más que una apología del determinismo, estas historias suelen ser advertencias: la historia es compleja, la violencia preventiva es moralmente ambigua, y jugar a ser juez del pasado es, en la ficción, casi siempre una idea que sale mal.

Y por todo lo anterior, creer que con el asesinato de un tipo como Charlie Kirk se solucionan las causas subyacentes que lo hicieron inmensamente popular es un error: su visión y el odio que promovió lo sitúan moralmente al nivel de las figuras más perniciosas de la historia; pero, como muestra el tropo del bebé Hitler, quitar de en medio a un individuo no borra las estructuras que generan ese mal: los vacíos se llenan y las raíces permanecen. ‘Otros vendrán que bueno te harán’; y, para colmo, Tyler Robinson ha ayudado a convertirlo en mártir.n mártir.

¿Aún no tenéis vuestro Kit Digital? La Pandemia de COVID-19 detuvo por completo los mecanismos de la economía mundial en marzo de 2020. Los fondos Next Generation nacieron como el truco de magia más ambicioso de la Unión Europea desde su propia fundación. Bruselas decidió endeudarse en común —algo que hace diez años parecía herejía— y poner sobre la mesa 750.000 millones de euros para tratar de reactivar la economía. España recibió más de 140.000 millones, de los cuales unos 70.000 eran transferencias directas, sin obligación de devolución. La condición era clara: había que gastarlos en proyectos que modernizaran la economía, impulsaran la transición ecológica, aceleraran la digitalización y reforzaran la resiliencia social tras el shock del virus. No se trataba de cubrir baches, sino de cambiar de coche entero: menos gas, más renovables; menos ventanilla con sello, más tramitación digital; menos empleo precario, más formación de futuro.

Ese era el plan sobre el papel. En la práctica, los fondos tenían un temporizador implacable. Europa no dio un cheque en blanco, dio un dinero con caducidad. Para recibir cada tramo había que cumplir hitos —reformas, indicadores de ejecución— y justificar cada euro con expedientes verificables. El calendario europeo fija 2026 como la fecha límite: lo que no se haya comprometido y certificado, se pierde. Así que la urgencia venía incorporada en el paquete. Y cuando el mensaje es “gástalo o lo pierdas”, ya se sabe qué gana: la cantidad sobre la calidad. Y, tratándose de España, la tentación eterna: Esa habilidad nacional para paracer que se trabaja, inflar facturas con retórica verde y colar proyectos con más cuento que realidad.

Ejemplos hay muchos. El llamado PERTE del vehículo eléctrico y conectado movilizó 4.300 millones de euros en ayudas públicas y más de 19.000 millones en inversión total prevista, con la reconversión de las plantas de Seat y Volkswagen en Martorell y la gigafactoría de Sagunto como emblemas. En lo verde, Iberdrola recibió apoyo para proyectos de hidrógeno en Puertollano (150 millones de inversión) y parques fotovoltaicos; Endesa obtuvo financiación para planes de almacenamiento energético y despliegue renovable. En el frente digital, el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas destinó 2.600 millones de euros a modernizar el SEPE, la Seguridad Social —otro día hablamos de esto— o la Agencia Tributaria, con resultados desiguales: nuevos portales en línea acompañados de caídas constantes de sistemas. El Kit Digital, dotado con 3.067 millones, repartió hasta 12.000 euros por empresa a más de 300.000 pymes y autónomos para implantar páginas web, tiendas online o software de gestión: una avalancha de contratos pequeños que sostuvieron a miles de microempresas tecnológicas. En lo social, los programas de rehabilitación energética de viviendas contaron con más de 6.800 millones de euros, aunque en muchas comunidades de vecinos la burocracia fue más rápida que los albañiles.

En todos esos frentes, las “consultoras” que brotaron como setas hicieron de notarios y arquitectos del gasto: preparaban memorias, redactaban convocatorias, gestionaban consorcios, armaban informes de impacto. Su negocio no era plantar aerogeneradores ni programar software, sino convertir requisitos europeos en documentos capaces de superar una auditoría. Y del otro lado, las administraciones que aprobaban los proyectos tampoco se quedaban cortas en imaginación: la picaresca fue compartida, un juego de guiños mutuos donde unos redactaban y otros sellaban, todos sabiendo que Bruselas acabaría pagando la ronda.

El problema es que ese flujo extraordinario de pasta tiene fecha de caducidad. El dinero no se renueva: lo que no se haya adjudicado o ejecutado en los plazos se esfuma, porque Europa no abre grifos eternos. Ahora, en 2025, la música se apaga. Los grandes programas están comprometidos y lo que queda son los deberes aburridos: justificar, auditar, cerrar. Terreno poco fértil para los ejércitos de consultores que vivieron del “proyecto tractor” como si fuera una mina infinita. Muchas de esas firmas adaptaron su estructura a este flujo excepcional: contrataron en masa, ampliaron oficinas, se endeudaron para crecer. Sin el maná europeo, esos balances empiezan a parecer castillos de arena.

Y todavía queda la segunda parte: la revisión. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y la Fiscalía Europea ya investigan expedientes sospechosos. Proyectos inflados, digitalizaciones que nunca se ejecutaron, rehabilitaciones que se quedaron en el papel. No bastará con devolver el dinero: habrá sanciones, inhabilitaciones y titulares. Lo que ayer se presentaba en ruedas de prensa como “transformación histórica” puede convertirse mañana en sumario judicial. Me juego kikos contra pesetas a que los procesos por corrupción a cuenta de estos fondos van a ser noticias durante los próximos 15 años, y no los pierdo.

La paradoja es cruel. Los fondos sirvieron para evitar un colapso, para sostener empresas y para impulsar transiciones necesarias. Pero también crearon una burbuja de consultoría y proyectos artificiales que ahora colapsa con la misma rapidez con la que se infló. Los Next Generation fueron un caudal extraordinario, condicionado y finito. Se usaron para poner parches brillantes y, en algunos casos, para cambios reales. Pero al acabarse el caudal, lo que queda es un paisaje de despachos sobredimensionados, facturas en revisión y una economía que sigue necesitando modernización. Y, por supuesto, un relato nuevo de picaresca a la española: el enésimo episodio de cómo convertir una oportunidad histórica en una revista de enredos con final tragicómico.

Como soy débil, me he vuelto a enganchar al Pokémon Go; el juego que, en vez de entrenador Pokemon, te convierte en exterminador de alimañas. Otra vez. Y como si no bastara, también he caído en el nuevo Pokémon Pocket. Sí, ya lo sé: adulto hecho y derecho, padre, con la toga colgada en la percha, y enganchado a cazar bichos virtuales por la calle. Pero el otro día, mientras atrapaba un Bulbasaur en el portal del despacho, empecé a preguntarme qué pasaría si en vez de un monstruo de bolsillo estuviera secuestrando un perro. ¿Qué diría un juez de instrucción si yo lo meto en una furgoneta, lo obligo a pelear hasta que reviente y encima le hago repetir el proceso contra otro vecino en el parque? Probablemente, acabaría imputado por maltrato animal en menos de lo que tarda Pikachu en lanzar un Impactrueno.

En el universo Pokémon, esas criaturas con ojos gigantes y ataques elementales son tratadas como una mezcla de mascota y arma de guerra. La Pokédex las cataloga, la Pokéball las encierra y el entrenador las usa. Jurídicamente, sería el equivalente a la propiedad. En España, desde 2021 los animales dejaron de ser considerados “cosas” en el Código Civil para pasar a la categoría de “seres sintientes”. Un avance simbólico. Pero en Kanto o Johto los Pokémon siguen siendo puro inventario: el que los captura, los posee; y el que los posee, los explota.

Los combates Pokémon, mirados con gafas jurídicas, encajan como un guante en el artículo 337 del Código Penal en su última reforma de 2023: “Será castigado con la pena de tres meses y un día a un año de prisión e inhabilitación especial de un año y un día a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales, el que por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente, causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud o sometiéndole a explotación sexual, a

a) un animal doméstico o amansado,

b) un animal de los que habitualmente están domesticados,

c) un animal que temporal o permanentemente vive bajo control humano, o

d) cualquier animal que no viva en estado salvaje.”.

Y si además el sufrimiento se produce en un contexto organizado y con ánimo de lucro, nos vamos de cabeza al 337.4 , que tipifica como delito la explotación de espectáculos con animales, incluyendo expresamente a quienes los adiestran para “peleas ilegales de perros o de gallos”. Si sustituimos gallos por Charmanders y perros por Pikachus, lo que nos queda es la Liga Pokémon retransmitida en Twitch.

Y aquí entra la guinda: en España las peleas de gallos están prohibidas con carácter general, salvo en Canarias y en Andalucía bajo el argumento de la “tradición cultural”, siempre que no se apueste dinero. Es decir, en dos comunidades autónomas aún se permite que dos animales se destrocen entre sí en nombre de la costumbre, un razonamiento que bien podría usar la Liga Pokémon para defender sus combates: “no es violencia, es patrimonio inmaterial”.

La narrativa oficial insiste en que los Pokémon quieren a sus entrenadores. Que “pelean por amistad”. Ese discurso suena parecido al de los organizadores de peleas de gallos que hablan de “tradición” o al de quienes justifican las peleas de perros como “entrenamiento”. Y en lo laboral, al empresaurio que dice que sus empleados “son familia” mientras los tiene encadenados a un Excel de lunes a domingo. Llamar “amistad” a una relación de dominio no la convierte en libre.

Si un juez aplicara la ley española al universo de Ash, la cosa sería clara: explotación animal, lesiones reiteradas, privación de libertad y participación en espectáculos prohibidos. El artículo 337 castigaría los combates, el 337 bis sancionaría la organización de ligas y torneos, y de paso habría que discutir si la captura en Pokéballs no es detención ilegal con agravante de reincidencia fantástica.

No hace falta imaginar mucho: en 2017, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó penas de cárcel contra varios acusados que organizaban peleas de perros en fincas de Pinto y Arganda, con animales entrenados a mordiscos hasta la muerte. En 2019, la Guardia Civil desmanteló otra red en Alicante con decenas de perros desnutridos y mutilados. Y en Cádiz, más de una vez se han requisado gallos de pelea usados en torneos clandestinos donde corría dinero negro. Todos esos sumarios son calcados a lo que hace la Liga Pokémon en la pantalla: entrenar animales para que se despedacen en un ring y lucrarse con ello. La diferencia es que a los imputados españoles los procesaron y a Ash Ketchum lo canonizan en televisión infantil.

Si existiera un SEPRONA Pokémon habría agentes entrando en Ciudad Verde y precintando el gimnasio de Brock por tener a Onix trabajando sin alta en la Seguridad Social y a una brigada canina reeducando Pikachus junto con los pitbulls rescatados en operaciones contra peleas clandestinas.

Pokémon ha vendido durante décadas lo que, en cualquier juzgado de primera instancia, sería un sumario entero por maltrato, coacciones y trata de criaturas fantásticas. Y nosotros, felices, seguimos cazando bichos en el metro como si nada. Lo llamamos “entrenamiento”, lo aplaudimos en televisión y lo compramos en Nintendo. Pero en el mundo real, Ash Ketchum no sería un héroe infantil: saldría esposado bajo el 337 salvo quizá que un tribunal canario lo absolviera por “tradición cultural”. Démosle una vuelta.

Este verano estoy leyendo “La otra historia de los Estados Unidos”, de Howard Zinn. Un libro denso e incómodo, que te enseña a mirar detrás del escaparate luminoso del “sueño americano” y descubrir el armario lleno de cadáveres: huelgas reprimidas a tiros, esclavos emancipados a medias, guerras vendidas como altruistas y ciudadanos obedientes hasta el ridículo, todo para beneficiar a las élites económicas que llevan dirigiendo el cotarro desde el Siglo XVII. Zinn, veterano de la Segunda Guerra Mundial y luego activista infatigable, tenía la costumbre de recordar que el problema no es la desobediencia civil, sino la obediencia civil. Esa que convierte en normal lo que debería escandalizarnos.

Y lo que hoy me escandaliza es la política de Trump. Su última Ocurrencia: Desplegar la Guardia Nacional, esa fuerza que en teoría ayuda en huracanes o incendios, transformada en la escenografía favorita del presidente: “un hombre fuerte para una situación desesperada”. En Washington, D.C., donde el crimen violento había caído un 35% en 2024, Trump decide declarar la “emergencia” y desplegar dos mil efectivos. No hay insurrección, ni saqueos, ni colapso del orden. Pero hay cámaras. Y a veces eso basta. La capital, con restaurantes medio vacíos y turistas asustados, se ha convertido en el escenario perfecto para la foto: soldados armados hasta los dientes en la ciudad que presume de ser la cuna de la democracia moderna.

La situación en Los ángeles hace un par de meses fue todavía más pintoresca. Manifestaciones contra redadas migratorias y, de pronto, el presidente federaliza a la Guardia Nacional de California contra la voluntad del gobernador. ¿La excusa? La Insurrection Act, una ley de 1807 pensada para frenar rebeliones armadas, ahora reciclada para contener pancartas. En los sesenta se usó contra el Ku Klux Klan; en 2025, contra grupos de vecinos gritando “¡Alto a las deportaciones!”. El derecho convertido en parodia.

Y como toda tourné, ya se prepara la siguiente parada: Chicago. Da igual que los homicidios estén bajando, porque lo esencial no son las cifras, sino la narrativa. La de un presidente que necesita ciudades descontroladas para presentarse como el único capaz de poner orden. Si no hay caos, se lo inventa. Y si los alcaldes y gobernadores protestan, tanto mejor: más combustible para el relato de que “los demócratas no saben gobernar”.

Legalmente, Trump tiene su pequeño arsenal de trucos. En D.C., el Home Rule Act le da poderes excepcionales. La Insurrection Act le permite usar tropas federales en casos de insurrección, aunque aquí no la haya. Y la Posse Comitatus Act, que prohíbe al ejército actuar como policía, se convierte en un chiste cuando la Guardia Nacional pasa a control federal. Todo parece legal, y precisamente por eso es tan inquietante: porque el abuso se camufla de formalidad. No se trata de romper la ley, sino de usarla como plastilina.

En Estados Unidos esta situación se ha normalizado porque, a pesar de encontrarse en plena bajada de criminalidad, el ejército y la Guardia Nacional no son extraños a las calles: han salido una y otra vez cada vez que el poder ha sentido que la olla estaba a punto de explotar. Ya en 1794, con la Rebelión del Whisky, Washington mandó tropas contra campesinos que se resistían a un impuesto; en 1877 y 1894, soldados y guardias nacionales aplastaron huelgas ferroviarias y obreras en Chicago a golpe de bala; en 1957 Eisenhower tuvo que enviar a la 101ª Aerotransportada a Little Rock para que unos niños negros pudieran entrar en un colegio. En los sesenta y setenta la Guardia volvió a desplegarse en los disturbios raciales de Detroit y hasta disparó contra estudiantes en Kent State que protestaban contra Vietnam, matando a cuatro; y en 1992, tras el caso Rodney King, Los Ángeles se llenó de guardias y marines para “restaurar el orden”. En el siglo XXI reapareció tras el huracán Katrina y, más recientemente, en 2020 durante las protestas por George Floyd, cuando decenas de estados la sacaron a la calle y en Washington fue puesta bajo control directo federal. La excusa siempre fue la misma: la “emergencia”, esa palabra mágica que convierte a ciudadanos en enemigos internos y a la democracia en un escenario militar. En resumen: la democracia made in USA siempre viene con uniforme incluido.Y lo más inquietante es que parte de la ciudadanía lo aplaude porque el relato del hombre fuerte tiene un atractivo universal; mirad a Bukele en El Salvador: ofrece simplicidad donde hay complejidad, certezas donde hay dudas, músculo donde hay miedo. Es mucho más cómodo pensar que todo se arregla con soldados en la esquina que aceptar que el crimen tiene raíces sociales, económicas y culturales que no se solucionan con fusiles. El hombre fuerte promete orden instantáneo, sin debates ni matices; y a quienes sienten que el país se les escapa de las manos, esa promesa les resulta irresistible.

Howard Zinn advertía que el verdadero problema no era la desobediencia civil, sino la obediencia civil, esa docilidad que convierte en paisaje normal lo que debería escandalizarnos. Benjamin Franklin, dos siglos antes, ya había dejado escrito en 1755 que «aquellos que renuncian a la libertad esencial para comprar un poco de seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad». Y aquí estamos, en 2025, viendo cómo un presidente despliega soldados en ciudades donde el crimen baja, mientras una parte de la población aplaude porque cree que así duerme más tranquila. En realidad, no están comprando seguridad: están entregando libertad como fianza. Y cuando se despierten, si es que lo hacen, descubrirán que Franklin tenía razón: ni tendrán libertad ni tendrán seguridad, pero sí muchas banderas ondeando y mucha obediencia civil para tapar el vacío.