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5 de Febrero 2004

Violencia doméstica

   La Violencia doméstica no es un tema para tomárselo a broma. Las fuentes oficiales estiman en 68 las mujeres muertas a manos de sus maridos/parejas/compañeros sentimentales el año pasado. Seguro que alguna más pasó desapercibida como un simple accidente doméstico. Miles de denuncias se presentan anualmente por diferentes conceptos relacionados con los malos tratos y seguro que muchos más no llegan a denunciarse jamás por miedos, amenazas, coacciones.

   En todos los ámbitos de la sociedad española hay una profunda preocupación por las causas, el desarrollo y los efectos de los malos tratos dentro de la pareja. El pasado verano se dictó una ley que venía a modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal introduciendo unas llamadas “Medidas de protección de la victima de malos tratos” que se supone sirven para alejar de una forma inmediata al agresor de su victima. Entre las medidas de protección encontramos ordenes de alejamiento, ordenes de prohibir residir en el domicilio conyugal, conferir la patria potestad de los hijos y otras cuantas. Lo primero que dijeron mucho abogados cuando vieron esta ley, fue algo así como “Si, pero...”. El problema es que las ordenes de protección pueden usarse de una forma de echar a la pareja de la casa por las buenas. Los abogados no se han ganado la fama que tienen de una forma completamente inmerecida.

   Hace unas semanas vino un chaval joven al despacho. Hacía siete meses que se había casado con su novia de toda la vida y querían separarse ya. Él trabajaba de Guardia Jurado y ella de administrativa, tenían unos horarios tan dispares que no coincidían más que para saludarse por las mañanas y por las noches. Él llegaba rendido de un turno nocturno y ella ya estaba camino de su oficina, y a todo esto la casa sin barrer por ninguno de los dos. En los últimos meses, la convivencia conyugal se había deteriorado hasta tal punto que no podían verse las caras por las mañanas. Todo eran discusiones y malas caras; hasta que por fin y tras haber intentado arreglar sus problemas de pareja sin conseguirlo, decidieron acudir a diferentes abogados para comenzar los trámites de la separación.

   El abogado de la mujer me hizo llegar en pocos días una oferta económica que me pareció irrisoria. La mujer pretendía quedarse con la vivienda, que habían comprado a medias –y a la que por cierto le quedan por pagar unos muchos años de hipoteca- pagándole al marido una ínfima parte de lo que le correspondería de venderla en el mercado y deducida la parte que queda por pagar de la hipoteca. Por supuesto, nos negamos a aceptar tales condiciones y el abogado contrario me hizo saber que pedirían como medidas provisionalísimas en el juicio la atribución del piso conyugal a la mujer. Ya veríamos, dije yo.

   Ayer, por la mañana, me llamó mi cliente al despacho. Su mujer le había puesto una denuncia por malos tratos y le habían citado para comparecer ante el juez a las cinco y media de la tarde. Una vista de comparecencia para decidir sobre la solicitud de medidas de protección a victimas de la violencia domestica, y en su caso la apertura de Juicio Penal.

   Una vista penal, mi primera vista penal, y ni siquiera sabía que delitos le imputaban a mi cliente.

   Permitidme que me salte los detalles más escabroso de la vista. Ella acusaba a su marido de toda clase de barbaridades y él lo negaba todo. Desde el principio ella hacía hincapié en que no podía volver a casa -su casa- por miedo a su marido. Él juraba que ya apenas se dirigían la palabra para no exacerbar los ánimos y que jamás le había puesto una mano encima. Interrogatorio de la denunciante y del denunciado. No se presentaron más pruebas.

   La fiscal y el abogado de la mujer pidieron una medida de protección de alejamiento de 500 metros y la atribución a ella de la vivienda conyugal. Yo me negué. En primer lugar alegué que la única prueba aportada era el testimonio de la denunciante, conculcando así, y a falta de cualquier otra prueba (forense, testimonio de vecinos, etc.) el pilar básico de nuestro ordenamiento penal. Nadie puede ser condenado sin pruebas. En segundo lugar, dejé claro que lo único que se pretendía con aquella denuncia era obtener el uso de la vivienda común pasando por encima del procedimiento civil de separación.

   El juez no es que le diera la razón a mi cliente, pero sin pruebas no podía ni abrir Juicio. Medidas de protección rechazadas. Caso sobreseído. La próxima vez, que presenten pruebas.

   Como decía al principio de este post, no pretendo quitar importancia a la alarma social que causa la llamada violencia conyugal/de genero/doméstica, bien física o psicológica. Sin embargo, lo que no se puede permitir –y lo que nos temíamos que ocurriría- es que se use la alarma social creada por los malos tratos para conseguir sacar tajada en un proceso de separación.

Posted by Towsend at 5 de Febrero 2004 a las 05:28 PM