Diario de un Socialista, Traidor y Mutante

Vicenç Navarro

Una percepción bastante generalizada que existe en España es que el nuevo Gobierno de la Generalitat es un Gobierno catalanista que defiende los intereses de Cataluña desde una óptica nacionalista, lo que ha dado pie a la observación de que es un Gobierno pujolista sin Pujol. En esta percepción (extendida en Cataluña y todavía más en el resto de España), la faceta social y de izquierdas queda diluida hasta tal punto que apenas se reconoce. Esta percepción está dañando al nuevo Gobierno catalán, sobre todo entre sus bases electorales —las clases populares— y entre sus aliados en el resto de España, las izquierdas españolas.

Considero esta percepción preocupante y errónea. En realidad, el nuevo Gobierno catalán está desarrollando políticas sociales avanzadas que establecen cambios significativos en las distintas dimensiones del Estado de bienestar en Cataluña. El crecimiento del gasto público social, por ejemplo, ha sido durante este Gobierno el más alto que ha existido en los últimos 70 años, y uno de los más altos de España.

En sanidad, las reformas que se llevan a cabo en atención primaria sanitaria y en farmacia (que están soliviantando a lobbies económicos y grupos corporativistas poderosos) son profundas y mejorarán el nivel de atención sanitaria que la población utiliza con mayor frecuencia, es decir, los centros de salud. En educación se están tomando medidas muy importantes a favor de la escuela pública, laica y progresista (a las que se oponen la Iglesia y otras fuerzas conservadoras). En servicios sociales se están implantando las bases de los servicios de atención a la dependencia, que podrían ser pioneros en España. En vivienda y medio ambiente se están desarrollando también políticas públicas progresistas muy notables. Y así un largo etcétera.

Pero estos cambios sociales introducidos por el Gobierno catalán, que afectan a la calidad de vida de la población y muy en especial a la de las clases populares, no han tenido visibilidad mediática. Y sí la han tenido los asuntos identitarios, los cuales continúan ahogando las cuestiones de la cotidianidad, con un coste político importante para el nuevo Gobierno.

Las causas de esta percepción son múltiples. Tenemos las propias declaraciones de dirigentes del Gobierno catalán, que enfatizan los asuntos catalanistas y que son utilizadas y magnificadas por los medios públicos de información y persuasión. Incluyendo los de la Generalitat (tanto TV-3 como Catalunya Ràdio) que en su mayoría (con algunas excepciones) continúan hegemonizados por el nacionalismo conservador. Ha sido un gran error del Gobierno de la Generalitat no haber desarrollado una estrategia mediática distinta de la continuista que existe hoy.

Sería de desear que las personas del Gobierno que parecen apoyar este continuismo nacionalista se percataran de que están contribuyendo a un descrédito de la totalidad del nuevo Gobierno catalanista y de izquierdas. Al enfatizar el catalanismo sobre las políticas públicas de izquierdas se diluye la especificidad de este Gobierno y se desaprovecha también la posibilidad de desarrollar otra concepción de lo que es ser catalanista. Pero lo que considero incluso más preocupante es que, al no proyectarse la faceta social y de izquierdas, se pierde también la capacidad de influir sobre el resto de España.

En realidad, muchas de las demandas sociales del nuevo Gobierno (como es la de resolver su déficit sanitario) afectan a muchas otras Comunidades autónomas. Con lo cual las demandas catalanas podrían incluso encabezar los cambios progresistas en toda España. Pero esto es imposible realizarlo cuando las demandas se presentan bajo el cariz nacionalista que enfrenta a Cataluña con el resto de España.

Creer que Cataluña puede cambiar sin cambiar España es, a mi manera de ver, poco realista. Pero estimular e incluso encabezar el cambio en España es proponer cambios que mejoren la calidad de vida de los españoles. Y muy en particular de las clases populares, las cuales son la base social y electoral de las izquierdas tanto en Cataluña como en el resto de España.

De ahí que el liderazgo de Cataluña en cuestiones sociales debería ser de una enorme importancia, y que se está desaprovechando cuando la cuestión social tiene menor proyección pública y mediática. Un ejemplo de ello es el necesario aumento del gasto público social, que prácticamente todas las Comunidades autónomas (y Cataluña en particular) necesitan.

Ni que decir tiene que el déficit fiscal de Cataluña debe corregirse. Pero hoy es un error presentar tal déficit fiscal como un asunto territorial cuando, en realidad, es mucho más que un problema de Cataluña frente a España. El pensionista en Cataluña, por ejemplo, necesita mayor cantidad de euros para mantener su nivel de vida (debido a la mayor carestía de vida en Cataluña) que un pensionista en Extremadura. Con lo cual la distribución equitativa (que debería basarse en las necesidades ciudadanas en lugar de en la mera aritmética) exige que no sea igualitaria sólo en las apariencias.

La bien probada solidaridad de Cataluña con el resto de España no puede desarrollarse en un contexto en el que las clases populares en Cataluña reciben cantidades —que aun siendo iguales a las recibidas en otras Comunidades autónomas— no permiten disponer de los mismos recursos que en otras Comunidades.

De ahí que la justa demanda de corrección del déficit fiscal debe presentarse con argumentos de equidad y justicia social y no de enfrentamiento territorial. Pues estos últimos dificultan su resolución aun cuando políticamente sean rentables para ciertas opciones políticas. Deberían ponerse las necesidades de las clases populares por encima de los intereses partidistas. En caso contrario, tanto aquí como allí perderán otra vez los más humildes.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la UPF.